En Cisjordania, las mujeres enfrentan una violencia persistente con una protección limitada por parte de las autoridades. Los casos de violencia doméstica y feminicidio se denuncian con regularidad, pero aún no existe una ley integral que tipifique específicamente la violencia doméstica como delito. Las supervivientes suelen encontrarse con la inacción policial, presiones para “reconciliarse” con sus agresores o represalias sociales por denunciar la violencia. Asesinatos de mujeres por familiares que han tenido gran repercusión pública han provocado protestas, pero los procesos judiciales siguen siendo incoherentes y la rendición de cuentas es poco frecuente. Incluso cuando el abuso es grave o mortal, los responsables a veces reciben un trato indulgente, reforzando un clima de impunidad.

En Gaza, las mujeres enfrentan una violencia similar, pero bajo un control social e institucional aún más estricto. Las autoridades de Hamás han adoptado medidas directas para restringir la autonomía de las mujeres, incluidas disposiciones que permiten a los tutores masculinos bloquear legalmente los viajes de mujeres solteras. Estos controles coexisten con una violencia doméstica generalizada, sin un marco legal específico para proteger a las víctimas y con pocos refugios o servicios de apoyo accesibles. Las mujeres que desafían la autoridad familiar o las normas sociales se arriesgan al aislamiento, a represalias o a daños físicos, con pocas expectativas realistas de protección estatal.

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