En Cisjordania, a los palestinos se les ha negado el derecho a elegir a su liderazgo durante casi dos décadas. No se han celebrado elecciones presidenciales ni parlamentarias desde 2005–2006, y el poder político se ha consolidado mediante decretos presidenciales en lugar de votos. Cuando se anunciaron elecciones para 2021, fueron aplazadas abruptamente semanas antes de la votación y nunca se reprogramaron. Desde entonces, la oposición política y los movimientos de protesta han enfrentado una represión sistemática. Críticos de la Autoridad Palestina han sido arrestados por expresarse políticamente, detenidos sin el debido proceso y recluidos en prisiones de la AP, donde organizaciones de derechos humanos han documentado casos de tortura y malos tratos, incluidas palizas y posiciones de estrés. El asesinato en 2021 del activista Nizar Banat tras un arresto violento por parte de las fuerzas de seguridad de la AP, seguido de detenciones masivas de manifestantes que exigían responsabilidades, puso de relieve los riesgos asociados a la disidencia política y la actividad opositora. En Gaza, Hamás gobierna desde 2007 sin elecciones ni pluralismo político. La oposición organizada es activamente reprimida, y facciones rivales, activistas y críticos son detenidos por las fuerzas de seguridad de Hamás. Organizaciones de derechos humanos han documentado arrestos arbitrarios y tortura en centros de detención controlados por Hamás, incluidos abusos físicos contra detenidos acusados de disidencia política o deslealtad. La población no dispone de mecanismos electorales para impugnar al liderazgo o sus políticas, y las elecciones locales celebradas en partes de Cisjordania no fueron permitidas en Gaza. Para la población de Gaza, la participación política se impone mediante el control y la intimidación, más que mediante la elección, y el silencio suele funcionar como condición para la seguridad personal.

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